Puede que las circunstancias sociales, la conveniencia económica o razones coyunturales de política nacional o internacional recomienden que tal reforma constitucional no se lleve adelante en este momento. Empero, nadie, de la izquierda o la derecha democráticas, se podría plantear que la voluntad soberana del pueblo español, libremente expresada, vía referéndum o a través de sus representantes en las Cortes, no pueda modificar la forma política en la que se ordena nuestro Estado. Por tanto, razones fundamentalmente circunstanciales no pueden imponerse a la máxima democrática de que la soberanía nacional reside en el pueblo `español´, y si éste expresase su decisión de que en España se instaurase un régimen republicano, de ninguna forma se podría negar y violentar dicha voluntad.
Por tanto, y siguiendo el mismo razonamiento, fundamental, radical y profundamente democrático, sin pararse en interpretaciones de carácter circunstancial: ¿Por qué los mismos partidos que se declaran republicanos en sus estatutos fundacionales, y circunstancialmente monárquicos, se amparan en la inviolabilidad del texto constitucional para no aceptar el derecho a la autodeterminación; aunque sí estarían de acuerdo, pues así lo establecen sus estatutos y muchos de sus representantes y representados, en que se reformara la Constitución para que el Estado español se transformase en una República? ¿Por qué no cabe, consecuentemente, la opción de que la Constitución española se reforme o se interprete de tal manera que se acepte la posibilidad de una consulta que incluya el derecho de autodeterminarse a los pueblos que así lo decidan? ¿Por qué se confunde Ley con legitimidad?
En todo caso, como quedó constancia durante el proceso constituyente, hace ya casi 40 años, los partidos políticos de izquierdas españoles, que defendieron durante la clandestinidad el derecho a decidir y, en consecuencia, la autodeterminación, modificaron su postura durante la transición y pactaron con las fuerzas políticas conservadoras, el ejército y la monarquía un texto constitucional que no reconoce este derecho. Un derecho que recogía, por ejemplo, una resolución del 27º Congreso del PSOE, aprobada en diciembre de 1976, apenas dos años antes de la redacción de la Carta Magna: “el Partido Socialista propugnará el ejercicio libre del derecho a la autodeterminación por la totalidad de las nacionalidades y regionalidades que compondrán en pie de igualdad el Estado federal que preconizamos… La Constitución garantizará el derecho de autodeterminación”, manteniendo que “el análisis histórico nos dice que en la actual coyuntura la lucha por la liberación de las nacionalidades… no es opuesta, sino complementaria con el internacionalismo de la clase trabajadora”.
En este momento conviene realizarse una serie de preguntas que calibren la calidad democrática de nuestro sistema y la voluntad de cada uno de nosotros de aceptar la decisión de unos ciudadanos cuya opinión y legítima opción política no tiene por qué coincidir con la nuestra:
-¿Un demócrata puede negarse a aceptar esta realidad política y social y empeñarse en negar la posibilidad de que los catalanes puedan decidir su destino político?
-¿Un demócrata puede afirmar, sin temor a equivocarse, que España es la única nación y que no existe ninguna otra realidad o identidad nacional y, consecuentemente, estamos en condiciones de imponerla al resto de los ciudadanos?
Por tanto, y siguiendo el mismo razonamiento, fundamental, radical y profundamente democrático, sin pararse en interpretaciones de carácter circunstancial: ¿Por qué los mismos partidos que se declaran republicanos en sus estatutos fundacionales, y circunstancialmente monárquicos, se amparan en la inviolabilidad del texto constitucional para no aceptar el derecho a la autodeterminación; aunque sí estarían de acuerdo, pues así lo establecen sus estatutos y muchos de sus representantes y representados, en que se reformara la Constitución para que el Estado español se transformase en una República? ¿Por qué no cabe, consecuentemente, la opción de que la Constitución española se reforme o se interprete de tal manera que se acepte la posibilidad de una consulta que incluya el derecho de autodeterminarse a los pueblos que así lo decidan? ¿Por qué se confunde Ley con legitimidad?
En todo caso, como quedó constancia durante el proceso constituyente, hace ya casi 40 años, los partidos políticos de izquierdas españoles, que defendieron durante la clandestinidad el derecho a decidir y, en consecuencia, la autodeterminación, modificaron su postura durante la transición y pactaron con las fuerzas políticas conservadoras, el ejército y la monarquía un texto constitucional que no reconoce este derecho. Un derecho que recogía, por ejemplo, una resolución del 27º Congreso del PSOE, aprobada en diciembre de 1976, apenas dos años antes de la redacción de la Carta Magna: “el Partido Socialista propugnará el ejercicio libre del derecho a la autodeterminación por la totalidad de las nacionalidades y regionalidades que compondrán en pie de igualdad el Estado federal que preconizamos… La Constitución garantizará el derecho de autodeterminación”, manteniendo que “el análisis histórico nos dice que en la actual coyuntura la lucha por la liberación de las nacionalidades… no es opuesta, sino complementaria con el internacionalismo de la clase trabajadora”.
En este momento conviene realizarse una serie de preguntas que calibren la calidad democrática de nuestro sistema y la voluntad de cada uno de nosotros de aceptar la decisión de unos ciudadanos cuya opinión y legítima opción política no tiene por qué coincidir con la nuestra:
-¿Un demócrata puede negarse a aceptar esta realidad política y social y empeñarse en negar la posibilidad de que los catalanes puedan decidir su destino político?
-¿Un demócrata puede afirmar, sin temor a equivocarse, que España es la única nación y que no existe ninguna otra realidad o identidad nacional y, consecuentemente, estamos en condiciones de imponerla al resto de los ciudadanos?
-¿Un demócrata puede ratificarse en que la única legalidad posible es la de la Constitución del 78, sin atender a su posible modificación o una interpretación favorable al derecho a decidir?
-¿Un demócrata debe situarse en la posición esencialista que se recoge en el artículo 2 del texto constitucional: “la indisoluble unidad de la Nación Española...patria común e indivisible de todos los españoles”?
Estamos, pues, en un debate de carácter eminentemente político y de profundidad democrática, que pone en solfa nuestro propio sistema de Estado y en el que, al final, no se puede recurrir a meros argumentos historicistas; o envolverse en el articulado de la Constitución para no hacer frente a la realidad social; o afirmar que son cuestiones electoralistas las que propenden a ciertos partidos catalanes a mostrarse especialmente reivindicativos; o refugiarse en la indisolubilidad de España, cuando lo que realmente están en juego son derechos fundamentales.
Por tanto, de esta reflexión se sigue que un demócrata convencido de que otra forma de estado es posible, de que la Constitución no es irreformable, de que los pueblos son sujetos de derechos, de que las personas tienen derecho a decidir sobre su futuro, debería decir sí a la posibilidad de que un pueblo ejerza el derecho a decidir su porvenir y, analizada la situación política y social de Cataluña, no cabe otra opción que convenir que no se puede imponer el modelo actual de convivencia político-administrativa desde el estado español, si no fuese aceptado por los ciudadanos catalanes, de cuya voluntad soberana depende su organización política.
-¿Un demócrata debe situarse en la posición esencialista que se recoge en el artículo 2 del texto constitucional: “la indisoluble unidad de la Nación Española...patria común e indivisible de todos los españoles”?
Estamos, pues, en un debate de carácter eminentemente político y de profundidad democrática, que pone en solfa nuestro propio sistema de Estado y en el que, al final, no se puede recurrir a meros argumentos historicistas; o envolverse en el articulado de la Constitución para no hacer frente a la realidad social; o afirmar que son cuestiones electoralistas las que propenden a ciertos partidos catalanes a mostrarse especialmente reivindicativos; o refugiarse en la indisolubilidad de España, cuando lo que realmente están en juego son derechos fundamentales.
Por tanto, de esta reflexión se sigue que un demócrata convencido de que otra forma de estado es posible, de que la Constitución no es irreformable, de que los pueblos son sujetos de derechos, de que las personas tienen derecho a decidir sobre su futuro, debería decir sí a la posibilidad de que un pueblo ejerza el derecho a decidir su porvenir y, analizada la situación política y social de Cataluña, no cabe otra opción que convenir que no se puede imponer el modelo actual de convivencia político-administrativa desde el estado español, si no fuese aceptado por los ciudadanos catalanes, de cuya voluntad soberana depende su organización política.
Concluyo con una cita de Roberto Viciano, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València, que comparto: “Aunque en un Estado democrático descentralizado no existan razones objetivas para entender el deseo de autodeterminación, hay que respetar la voluntad de las personas y de los grupos que lo integran puesto que, en gran medida, lo que a un pueblo le puede provocar el sentimiento de opresión es el hecho de que no se le dé la oportunidad de elegir libremente entre todas las alternativas políticas que, en abstracto, son posibles”.
(Esta entrada es una recreación de un texto para la evaluación de la asignatura `Didáctica de las CC.HH. y SS. y TIC´ del Grado de Humanidades de la UOC).
